El Agua
El agua que la naturaleza proporciona de forma abundante de la misma manera que el aire, no tiene coste de producción. Su tratamiento potable y el transporte a nuestras residencias está generalmente encomendado a organismos públicos que igualmente han de velar por la sanidad, la defensa o la educación, dentro de un concepto de Estado suministrador de Bienes Sociales a los que economistas anglosajones denominan Merit Wants.
El destino del agua es muy diverso; el consumo privado utilizado en las necesidades domésticas básicas o en las de carácter ornamental o lúdico, el de los empresarios agrícolas, comerciales o industriales y finalmente el que las administraciones públicas utilizan en los equipamientos sociales.
El precio facturado al sencillo consumidor de agua es objeto de diferente regulación según la institución gestora. Muchos ayuntamientos repercuten en la factura distintos conceptos además del propio consumo (saneamiento y depuración) y suelen aplicar una tarifa de precios por bloques que penaliza los consumos superiores, estableciendo una tímida progresividad. En cualquier caso podemos admitir que el agua es barata en España, por el momento.
A causa de una meteorología adversa, el actual gobierno de la nación está promoviendo en nuestro litoral instalaciones desalinizadoras de agua del mar, en oposición al faraónico proyecto de trasvase del río Ebro auspiciado por el gobierno anterior. La pertinaz sequía que tanto preocupó al caudillo Franco y el incremento de la demanda de los españolitos tienen, como vemos, parte de culpa de las desavenencias entre los dos partidos de la monarquía. Desconozco las consecuencias medioambientales de ambas alternativas, bien por el impacto de las desalinizadoras en la concentración de salmuera en el mar o a causa de la devastación de un trasvase con imponente recorrido por el territorio.
Mediante campañas publicitarias, los gobernantes procuran estimular el ahorro de agua a través del mensaje de que uva a uva (gota a gota) se llena la cuba. Esto puede crear en la parte de población más timorata el síndrome hídrico que manifieste el trasero de las orejas con jabón, la cavidad bucal con dentífrico o una desaseada indumentaria. Sin embargo el ciudadano ilustrado, conocedor de los asuntos de “res pública” no devendrá pusilánime si observa el modelo de desarrollo urbano situado a su alrededor.
Los afortunados residentes de la Costa meridional española somos privilegiados testigos del auge de urbanizaciones dotadas con piscina, amplios jardines e, incluso, campos de golf en un entorno de clima casi africano. Los portavoces del sector de la construcción y la promoción turística justifican esa política aludiendo a las exigencias de sus clientes e, incluso -estableciendo un símil entre el consumo de un campo de golf y el de uno de cebada-, destacando las ventajas sociales y económicas de su actividad.
La cuestión que me preocupa es que ese tirón de la demanda de agua en un escenario de sequía obliga a acelerar su oferta mediante el proceso de la desalinización, -que además de la inversión requiere un elevado consumo eléctrico y de productos químicos-, originando un coste de producción del agua. Cómo se repercuta el mismo al precio final, nos conduce al eterno problema de la desigualdad en la distribución de la renta; la capa de población con rentas inferiores que limita su consumo de agua al mínimo higiénico imprescindible, frente a las clases privilegiadas para las que su precio es insustancial. Me atrevo a asegurar que, en cualquier supuesto, el agua será más cara.
Asistimos una vez más a la tragicomedia humana de protagonistas dichosos y figurantes anodinos.
El agua que la naturaleza proporciona de forma abundante de la misma manera que el aire, no tiene coste de producción. Su tratamiento potable y el transporte a nuestras residencias está generalmente encomendado a organismos públicos que igualmente han de velar por la sanidad, la defensa o la educación, dentro de un concepto de Estado suministrador de Bienes Sociales a los que economistas anglosajones denominan Merit Wants.
El destino del agua es muy diverso; el consumo privado utilizado en las necesidades domésticas básicas o en las de carácter ornamental o lúdico, el de los empresarios agrícolas, comerciales o industriales y finalmente el que las administraciones públicas utilizan en los equipamientos sociales.
El precio facturado al sencillo consumidor de agua es objeto de diferente regulación según la institución gestora. Muchos ayuntamientos repercuten en la factura distintos conceptos además del propio consumo (saneamiento y depuración) y suelen aplicar una tarifa de precios por bloques que penaliza los consumos superiores, estableciendo una tímida progresividad. En cualquier caso podemos admitir que el agua es barata en España, por el momento.
A causa de una meteorología adversa, el actual gobierno de la nación está promoviendo en nuestro litoral instalaciones desalinizadoras de agua del mar, en oposición al faraónico proyecto de trasvase del río Ebro auspiciado por el gobierno anterior. La pertinaz sequía que tanto preocupó al caudillo Franco y el incremento de la demanda de los españolitos tienen, como vemos, parte de culpa de las desavenencias entre los dos partidos de la monarquía. Desconozco las consecuencias medioambientales de ambas alternativas, bien por el impacto de las desalinizadoras en la concentración de salmuera en el mar o a causa de la devastación de un trasvase con imponente recorrido por el territorio.
Mediante campañas publicitarias, los gobernantes procuran estimular el ahorro de agua a través del mensaje de que uva a uva (gota a gota) se llena la cuba. Esto puede crear en la parte de población más timorata el síndrome hídrico que manifieste el trasero de las orejas con jabón, la cavidad bucal con dentífrico o una desaseada indumentaria. Sin embargo el ciudadano ilustrado, conocedor de los asuntos de “res pública” no devendrá pusilánime si observa el modelo de desarrollo urbano situado a su alrededor.
Los afortunados residentes de la Costa meridional española somos privilegiados testigos del auge de urbanizaciones dotadas con piscina, amplios jardines e, incluso, campos de golf en un entorno de clima casi africano. Los portavoces del sector de la construcción y la promoción turística justifican esa política aludiendo a las exigencias de sus clientes e, incluso -estableciendo un símil entre el consumo de un campo de golf y el de uno de cebada-, destacando las ventajas sociales y económicas de su actividad.
La cuestión que me preocupa es que ese tirón de la demanda de agua en un escenario de sequía obliga a acelerar su oferta mediante el proceso de la desalinización, -que además de la inversión requiere un elevado consumo eléctrico y de productos químicos-, originando un coste de producción del agua. Cómo se repercuta el mismo al precio final, nos conduce al eterno problema de la desigualdad en la distribución de la renta; la capa de población con rentas inferiores que limita su consumo de agua al mínimo higiénico imprescindible, frente a las clases privilegiadas para las que su precio es insustancial. Me atrevo a asegurar que, en cualquier supuesto, el agua será más cara.
Asistimos una vez más a la tragicomedia humana de protagonistas dichosos y figurantes anodinos.

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